Carrefour y su Fundación, distinguidas en el marco de la XIV edición de los premios “Foro Justicia y Discapacidad” por su compromiso con las necesidades de las personas con discapacidad

• Carrefour y su Fundación, han sido distinguidas por el Foro Justicia y Discapacidad, creado por el Consejo General del Poder Judicial, en la categoría “actuación empresarial” en reconocimiento al compromiso demostrado con las necesidades de las personas con discapacidad en materia de inclusión social y lucha contra cualquier forma de desigualdad.

Un compromiso que ambas entidades han venido materializando a lo largo de 20 años de labor social y más concretamente a través de la puesta en marcha de infinidad de iniciativas sociales dirigidas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Iniciativas en las que el fomento de la inclusión social y la promoción de la integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo social, con especial atención a al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género, cobra un papel fundamental.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha presidido la XIV edición de los “Premios Foro Justicia y Discapacidad” (en la que también han sido galardonados el Magistrado del Tribunal Supremo Javier Hernández, la periodista Belén Torres Vela y la Fundación Bobath). Por su parte, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, ha sido la encargada de entregar este galardón a Santiago Gutiérrez, presidente de Fundación Solidaridad Carrefour, en reconocimiento a la labor desarrollada por Carrefour España de la mano de su Fundación. Acto de entrega al que también ha asistido, entre otras autoridades, la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Más sobre el Foro Justicia y Discapacidad

El Foro Justicia y Discapacidad, que preside el vocal del CGPJ, Juan Manuel Fernández, fue creado en 2003 por el órgano de gobierno de los jueces con el objetivo de coordinar a las instituciones jurídicas del Estado para conseguir una mayor efectividad en la tutela judicial de los derechos de los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España.